El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros establece el marco por debajo del cual se considera a alguien dentro del umbral de exclusión social. Este implica que la familia tenga a todos sus miembros en situación de desempleo, que un 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- no dé para cubrir las cuotas de la hipoteca y que la ejecución afecte a su primera y única residencia. Esta además, no podrá exceder un valor de 200.000 euros en las grandes ciudades o un tope de 120.000 euros en las poblaciones de menor tamaño.

A partir de ahí, las entidades que voluntariamente firmen el protocolo de buenas prácticas promovido por Economía tendrán la obligación de cumplir un protocolo diseñado para tratar de evitar los desahucios. El primer paso, para las familias que cumplan todos los requisitos anteriormente referidos, será una renegociación de sus hipotecas.