Ante la situación límite en que se encuentran muchas empresas, asfixiadas por la combinación de impagos del sector público y la escasez de crédito bancario, el Gobierno estudia cómo agilizar al máximo el pago a los proveedores de las diferentes administraciones.

El ambicioso objetivo del plan es liberar a muy corto plazo los 30.000 millones de euros que el Estado retiene actualmente en facturas no pagadas, de manera que el circuito del dinero vuelva a reactivarse, aunque sea de forma parcial.

Para ello, el Ejecutivo complementará las líneas extraordinarias del ICO ya anunciadas por valor de 15.000 millones para que autonomías y ayuntamientos puedan pagar sus deudas. Lo hará a través de la gran banca (Santander, BBVA, La Caixa, Bankia...), que adelantaría el dinero adeudado a los proveedores del sector público para, posteriormente, sumarse a la cola de los acreedores del Estado.