La fama de mal pagador del Estado es bien conocida por las empresas que sufren su elevada morosidad, pero también por las autoridades europeas.

La batalla que libra la Comisión Europea contra el retraso de los pagos a proveedores –una de las principales causas de la elevada mortandad empresarial (370.000 compañías) en los últimos años– ha llevado al Ejecutivo comunitario a fijarse en la insostenible situación de España.

Estado central, autonomías y ayuntamientos acumulan una elevada morosidad con el sector empresarial, estimada en unos 50.000 millones de euros, equivalente a aproximadamente un 5% del PIB español, y a pesar de las últimas reformas legales siguen dilatando sus plazos de pago. El tiempo medio que actualmente tarda el sector público en abonar sus facturas asciende a 147 días, muy lejos de los 50 días de tope que se fijaron en la nueva ley para el año pasado y de los 40 como máximo para este 2012 recién empezado.