Si ayer denunciábamos el incumplimiento cuasi sistemático de la Ley de Morosidad por las Administraciones Públicas, hoy tenemos que cuestionar la sorprendente lectura que la subdirectora general de Comercio, Teresa de Jesús Sánchez, hace de la norma en beneficio de los grandes grupos de distribución.

Sugiere que dicha ley, que establece menores plazos máximos de pago a los proveedores sería sólo aplicable a productos de alimentación y no a otros artículos de consumo. Aunque Sánchez intenta curarse en salud y advierte que su informe "no tiene carácter vinculante" y tampoco es una interpretación de la ley, de alguna manera está alentando a la gran distribución a hacer de su capa un sayo. Es un juego peligroso. Recurrir a argucias para seguir dilatando los plazos de pago no sólo agravará los problemas de las compañías más pequeñas, muchas de las cuales se encuentran ya en una situación agónica por falta de crédito, sino que perjudicará al conjunto del tejido empresarial, que ve como cada día cierran sus puertas más y más sociedades. 

Fuente: Expansión.com