Aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se esforzó ayer en recalcar que se trata de datos provisionales, el que los ayuntamientos españoles sólo hayan reconocido facturas impagadas por valor de 9.584 millones de euros, frente a los 17.000 millones contabilizados por los propios proveedores no es un buen síntoma.

El plan extraordinario para pagar las deudas pendientes de las diferentes Administraciones está llamado a ser una de las medidas estrella de la legislatura, pero la resistencia de determinados alcaldes a desvelar en público sus vergüenzas amenaza con restarle eficacia.