El incremento de morosos en España, tanto particulares como empresas, en los últimos meses es evidente: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señala un aumento de casi el 48% de efectos impagados respecto del año anterior en cantidad de deudas, porcentaje que, en términos cuantitativos, hace más evidente la crisis, ya que alcanza el 121% interanual.
Estas deudas tienen diversas procedencias y pueden corresponder a créditos personales, hipotecarios o empresariales, deudas por impuestos municipales o por falta de pago de la luz, el teléfono o por cualquier clase de operación asentada en los registros bancarios. ¿Es posible acabar en la cárcel por esta razón?
La respuesta es un rotundo "no", y se debe a una cuestión legislativa: el Código Penal español no establece como delito el que una persona física o jurídica por su situación económica se vea incapaz de pagar una deuda contraída en el pasado.
