La morosidad comercial se ha convertido en uno de los principales problemas del país.

España tiene el dudoso honor de pugnar con Grecia por la ‘medalla de oro’ de los impagos de la Unión Europea. La cultura del pago ha brillado por su ausencia en las últimas décadas, en las que el sector público ha hecho gala de un uso irresponsable de su posición de dominio con respecto a las empresas, posponiendo el abono de sus facturas hasta los 150 días (de media), cuando debería hacerlo en 30 días. Esto contagió a las grandes empresas –sobre todo del sector de la construcción–, que, a su vez, han usado la morosidad para financiarse a costa de sus proveedores –con plazos de pago superiores a los 200 días–. Al final, la laxitud legal que imperaba en España ha provocado que las pymes y los autónomos, que son los verdaderos paganos de la crisis, se vean aún más perjudicados y tengan más difícil, si cabe, el acceso a la liquidez.