Los bancos y cajas, empujados por el aumento vertiginoso del paro y la morosidad, dan cada vez más órdenes para quedarse con las viviendas que compraron los que ahora no pueden pagar las cuotas. El número de ejecuciones hipotecarias llegó el año pasado a las 58.686, más del doble de los 25.943 procesos abiertos en 2007. Y la tendencia, por ahora, es imparable: el último trimestre del año pasado fue, con mucho, el que más
embargos registró, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos por Efe.
Las demandas de ejecución presentadas a los juzgados civiles por impago de hipotecas permiten a la entidad financiera o a otro acreedor subastar el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses. El CGPJ ya había pronosticado el año pasado que estos procesos se multiplicarían por la crisis, pero entonces no previó lo hondo que caería la economía española, y estimó en unos 53.000 los embargos que se gestionarían. La realidad ha superado esta previsión en más de 5.000 solicitudes. El repunte es de tal calibre que los procesos abiertos el año pasado superan a la suma de los tres años precedentes.
Las comunidades más afectadas por la ola de embargos han sido Murcia, La Rioja, Navarra, Andalucía, Cataluña y Baleares, todas ellas con incrementos superiores al 140%. Pero el fuerte repunte afecta a toda España, ya que sólo Asturias, País Vasco, Galicia y Valencia no han llegado a duplicar sus ejecuciones hipotecarias. Frente a Murcia, que con un incremento del 168% se sitúa en cabeza, destaca Asturias, con un volumen inusualmente bajo: tan sólo 756, lo que supone un incremento del 38% respecto al año anterior.
El aumento de los embargos ha ido de la mano de la morosidad, que ya supera la fabulosa cifra de 71.000 millones. A un ritmo de crecimiento desenfrenado que no se había visto en ninguna crisis precedente, la tasa de morosidad está ahora en el 3,87% de todos los créditos concedidos por bancos y cajas. Estos números están todavía lejos de la crisis de 1993, cuando la morosidad se disparó hasta el 9%, pero los expertos creen que la brecha se estrechará rápidamente y que las entidades deberán enfrentarse en unos cuantos meses a una tasa del 7%.
La otra pata sobre la que se asienta el aumento de los embargos es el desempleo, que camina disparado hasta los cuatro millones de hombres y mujeres sin un trabajo al que ir cada mañana. Los 3,6 millones con los que cerró el pasado marzo disparan la tasa de paro hasta el 15%.
Al banco le basta un solo impago para reclamar la deuda, pero las entidades suelen esperar e intentar llegar a un acuerdo, sobre todo en los casos de impagos en los que hay una garantía hipotecaria. "La carga de trabajo de los juzgados ha hecho que el proceso sea ahora más largo. A pesar de que en teoría no debería superar el mes y medio, los más cortos están entre tres y cuatro meses, y los más complicados pueden superar el año de duración", sostiene el abogado Rafael López Cantal, que desde su despacho de Granada observa cómo se ha disparado este tipo de consultas. "Y no sólo de ejecuciones hipotecarias. También han aumentado en los préstamos personales", añade.
López Cantal no acierta a dar con un perfil del embargado. Por su bufete pasan tanto ciudadanos que no pueden pagar la casa donde viven como empresarios que no logran vender la promoción en la que se embarcaron cuando el ladrillo todavía era sinónimo de dinero fácil.
El abogado Enrique de Frutos señala que la ley no deja mucha defensa para la persona a la que le van a ejecutar su hipoteca. "La escritura suele especificar cuántos impagos son necesarios. Se suele empezar la ejecución cuando hay tres, aunque la política bancaria es aguantar todo lo que se pueda. Renuevan condiciones, amplían plazos... Todo lo que sea. Sólo se hacen las ejecuciones que son inevitables, si los bancos fueran contra cualquiera que tuviera un retraso, faltarían tribunales", asegura este abogado.
Para este año, el Consejo General del Poder Judicial espera que los embargos sigan creciendo, aunque a un ritmo algo más moderado del que lo han hecho hasta ahora. El órgano de gobierno de los jueces prevé un crecimiento del 43,5%, lo que arrojaría una cifra récord de 84.214 ejecuciones hipotecarias.
Por otra parte, el precio de la vivienda bajó una media del 8% en las siete capitales más caras. En ellas, el metro cuadrado vale más de 6.000 euros, si bien las caídas oscilaron entre el 1% de Madrid y el 13,6% de Barcelona, según la tasadora TecniTasa.