La pretensión del Gobierno de aminorar el montante total de la deuda de las Administraciones públicas con sus proveedores por la vía del pronto pago está encontrando más escollos de los esperados.

Las principales empresas de construcción y servicios, que han terminado convertidos en los mayores acreedores del Estado –junto a los laboratorios farmacéuticos y los proveedores sanitarios– a causa de la generalización de los impagos en el sector público tras el estallido de la crisis, se han cerrado en banda ante la posibilidad de asumir quitas voluntarias. No es de extrañar.

Debido a lo elevado de la deuda de las tres administraciones con estas compañías, que se aproxima a los 7.000 millones de euros, es previsible que el importe al que deberían renunciar (además de no exigir los correspondientes intereses de demora, en torno al 8%) sería también importante.