Las constructoras han dicho basta y han decidido pasar al ataque contra la morosidad de los ayuntamientos. Bajo el brazo, una oleada de demandas judiciales por la vía contencioso-administrativa, para reclamar las oportunas indemnizaciones. No pueden esperar más. Los impagos locales, un virus económico que va pudriendo el tejido empresarial al ritmo de la crisis, las ahogan.

Además, el recortazo de la obra pública que ha acometido el Ministerio de Fomento ha generado una enorme confusión sobre el futuro de las carteras empresariales de infraestructuras, por lo que las compañías se apresuran a apuntalar por la vía judicial los derechos de cobro adquiridos.

Fuente: Expansión.com