Las administraciones públicas de Cataluña son las que más facturas impagadas de autónomos acumulan, con un total de 809 millones de euros hasta junio, seguidas de las de Andalucía, con 692 millones, y las de la Comunidad Valenciana, con 677 millones.

En el conjunto de España, las administraciones acumulan una deuda con los autónomos de más de 5.000 millones de euros, a pesar de la puesta en marcha del Plan de Proveedores, dotado con 27.000 millones, ha asegurado Lorenzo López Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según el último estudio de esta asociación, que contiene datos hasta el mes de junio, la deuda era entonces de 4.873 millones, pero cuatro meses después supera ya los 5.000 millones.

Se trata de deudas nuevas o de facturas que no se pudieron acoger al Plan de Proveedores, calificado por ATA de "inyección de liquidez y moral" para los pequeños empresarios que trabajan habitualmente con las administraciones públicas (comunidades autónomas, entes locales, diputaciones y empresas públicas).